El tosco y rudimentario diseño de medidas aisladas y poco articuladas introducido para ordenar las cuentas públicas, y consolidar la publicitada “ancla fiscal” que contribuiría a eliminar la inflación se inscribe en realidad en un más amplio programa de reformas de carácter “refundacional” en tanto pone de manifiesto un deseo de transformación radical de los fundamentos mismos del orden normativo, económico, y social vigente desde la segunda mitad del siglo XX. El pivote central sobre el que se asienta la reconfiguración libertaria de la organización económica y social, así como también el rediseño del ordenamiento jurídico e institucional es el nuevo rol del actor estatal. Y aquí la activa promoción libertaria de la figura de un Estado más chico no debería confundirse con la imagen de un “retiro” del Estado del funcionamiento económico e institucional del país. Por el contrario, el primer año de gestión libertaria exhibió la figura de un actor estatal muy proactivo (desde la implementación de una brutal política de ajuste del gasto público, la aplicación de una política tributaria nacional tanto para consolidar el ajuste como para otorgar diferentes beneficios impositivos preferenciales a ciertos sectores y actores privilegiados, y la introducción de una “nueva” infraestructura regulatoria y legal), orientado por la lógica del mercado, y devenido en un árbitro noneutral de un “modelo de negocios” que es hegemonizado por un exclusivo conjunto de empresas y grupos económicos que terminan definiendo la orientación del modelo de acumulación en su favor. En suma, un modelo neoliberal libertario pro-mercado que otorga privilegios y oportunidades de negocios a un grupo pequeño de actores y grupos económicos, y deja a grandes franjas de la población en situación de vulnerabilidad, precarización, y desamparo social.